La inestabilidad parlamentaria fuerza al Gobierno a dosificar las leyes

Los plenos del Congreso están siendo muy cortos este año. Las sesiones ordinarias normalmente duraban tres días, de martes a jueves. Y esta última jornada era la más importante, la de aprobación de leyes. Pero el periodo de sesiones parlamentario que concluye a finales de junio ha ocupado pocos jueves. De los 11 plenos celebrados desde enero, solo cuatro llegaron al tercer día. Un síntoma de las dificultades del Gobierno para legislar en un Congreso sin mayoría y una base parlamentaria con evidentes contradicciones ideológicas, obstáculos en ocasiones insalvables que ya le llevaron a desistir de presentar siquiera unos Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo intenta ahora recuperar el pulso antes de las vacaciones con un paquete de varios proyectos relevantes.

El discurso del PP, como en tantas otras cosas, es contundente: el Gobierno no tiene mayoría y eso aboca al Congreso a la parálisis. La prueba, alegan los populares, es que ha tenido que renunciar a los Presupuestos y a someter a la Cámara el anunciado aumento del gasto militar en casi 11.000 millones de euros. El Ejecutivo desmiente tal parálisis y para ello invoca las 19 leyes y 15 decretos aprobados en lo que va de legislatura. Pero entre sus propios aliados, singularmente los del ala izquierda, también surgen críticas por la falta de avances en determinadas demandas legislativas.

La comparación entre las cifras de este periodo de sesiones y la misma etapa del pasado año apunta a una reducción de la actividad legislativa. Entre enero y mayo de 2024, ya con la misma correlación de fuerzas que ahora, el Congreso tomó en consideración 11 proyectos de ley del Gobierno. Este año han sido cinco hasta ahora. Lo que han aumentado son los decretos: siete ahora ―uno, el ómnibus, fue rechazado― por tres entonces.

Los cinco proyectos tomados en consideración son los de Economía Social y regulación de los lobbies, dos reformas de la ley de Enjuiciamiento Criminal sobre el método de determinación de la edad de los menores migrantes y su responsabilidad penal, y la adhesión a cuatro enmiendas del Estatuto de la Corte Penal Internacional que determinan los delitos sobre los que es competente, esta última, tramitada en lectura única. La Cámara ha dado además el visto bueno a los textos ya elaborados de dos leyes: la del derecho de asociación, que permitirá ilegalizar grupos que exalten el franquismo, y la de navegación aérea. Ambas, al igual que la relativa a la Corte Penal Internacional, están solo a la espera del trámite del Senado.

Fuentes gubernamentales iten las dificultades para lidiar con un Congreso tan complejo, sobre todo con un grupo de comportamiento a menudo imprevisible como Junts, que no entraba en la ecuación la anterior legislatura. También resaltan que las leyes “más estructurales” fueron abordadas en el pasado mandato, que se cerró con dos centenares de nuevas normas aprobadas. Lo que niegan con rotundidad es que la producción legislativa se haya detenido.

El Gobierno pretende dar un acelerón antes del verano, habilitando algún pleno más en julio, ya fuera del periodo de sesiones. A sus aliados, según fuentes parlamentarias, les ha anticipado su propósito de aprobar en estas semanas el texto final de la ley de movilidad sostenible, aún pendiente de debate en ponencia, y obtener el visto bueno del pleno para activar la redacción de las de economía social, la que propone reformas en la carrera judicial y la que crea la Agencia Estatal de Salud Pública. Para esta última será la segunda oportunidad, después de que, con un texto ya cerrado y aparentemente pactado, PP y Junts la tumbasen en pleno el pasado marzo.

Más allá de las críticas del PP, los aliados del Gobierno por el flanco izquierdo le achacan falta de decisión en determinados momentos. Y ahí afloran las tensiones que genera la dependencia del partido de Carles Puigdemont. “Nosotros lo dijimos desde el principio: aquí hay una mayoría de derechas”, analiza el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. “Y ante eso el Gobierno ha decidido poner pie en pared y no hacer lo que tiene que hacer: legislar y, sobre todo, negociar. Al revés, manda un mensaje bastante negativo: priorizo al socio más desleal que tengo, Junts, y a los demás los doy por descontados”. En ERC causó un gran malestar que hace dos semanas el PSOE amagase con seguir bloqueando en la Mesa la proposición de ley presentada por todos los grupos a su izquierda para regular los alquileres de temporada. Rufián hasta se permite un augurio: “Están haciendo un mal negocio. Y esto acabará suponiendo la salida de Sánchez de La Moncloa”.

También la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, lamentó en la última sesión de control con el presidente del Gobierno el “bloqueo de algunas leyes sociales”. “Algunas fuerzas de la mayoría de investidura, convenientemente alineadas con las fuerzas de retroceso, imponen su agenda”, concedió Aizpurua. Pero a la vez avisó: “Al Gobierno también le falta decisión”. Entre las leyes citadas por la portavoz abertzale figuraban algunas que llevan meses empantanadas en las ponencias que deben redactarlas. Una es la que pretende la regularización de inmigrantes, a partir de la iniciativa legislativa popular tomada ya en consideración hace más de un año. En este caso, el Gobierno acaba de presentar un texto para impulsar las negociaciones con los grupos. Otra de las citadas por Aizpurua es la reforma de la ley mordaza, atascada tras meses en la ponencia, donde ya murió la pasada legislatura por la falta de acuerdo entre los grupos. O la de industria, que desde febrero sigue en el periodo de presentación de enmiendas, prorrogado por la Mesa cada semana. Y la de reducción de la jornada laboral, por el momento en el congelador, a la espera de unas muy arduas negociaciones con Junts.

En ese limbo del plazo de presentación de enmiendas ―que se puede ir prorrogando indefinidamente― permanecen 31 proyectos del Ejecutivo. El más antiguo, la ley de Familias, que se encuentra así desde marzo de 2024 tras 50 prórrogas. La de universalización del sistema nacional de salud está en idéntica situación desde hace un año. Sucede lo mismo con las 25 propuestas legislativas enviadas por el Senado, con mayoría absoluta del PP, que invoca periódicamente ese caso para quejarse de que ni siquiera se hayan podido debatir y arremeter contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

El Gobierno limita sus movimientos para evitar las derrotas parlamentarias, acogidas siempre con euforia en la bancada popular. Desde el comienzo de la legislatura, ha sufrido 110, según los cálculos de EL PAÍS, menos del 10% del total de votaciones. La inmensa mayoría han sido en iniciativas no legislativas, sin más valor práctico que la declaración política.