Tensión máxima entre el PP y el Gobierno hasta el último minuto por los temas y el formato de la Conferencia de Presidentes

Se pensó para mostrar la normalización de la política catalana y al final será una exhibición del nivel de toxicidad de la política española. La Conferencia de Presidentes en Barcelona de este viernes, ideada por Pedro Sánchez y Salvador Illa como un símbolo de la superación del procés, de la vuelta a la calma que permite que el Rey y todo el poder político español se junten en el epicentro de la crisis independentista de 2017, se está convirtiendo en un artefacto totalmente diferente que es síntoma, sí, pero de otra cosa: del enfrentamiento total entre el Gobierno y el PP, que prepara este domingo una manifestación contra Sánchez con el lema “mafia o democracia”.

Tanto que la noticia sería la celebración de esta XVIII edición de la Conferencia con normalidad, algo que está en riesgo hasta el último minuto. La tensión llega hasta el límite de la propia convocatoria porque el PP pone en cuestión hasta el último minuto los temas, el formato —ahora está reclamando votaciones, algo nada habitual— e incluso el idioma en el que se desarrollará. Todo es motivo de polémica y tensión entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.

El Ejecutivo cree que el PP está intentando encontrar una excusa para boicotear la reunión, y por eso le acepta todo, como hizo con el orden del día, para salvarla. Para el Gobierno, que vive semanas muy difíciles con todo el foco puesto en las maniobras de su ya exmilitante Leire Díez, la propia celebración y una cierta imagen de normalidad con el Rey en Barcelona es un éxito, aunque además insiste en que quiere sobre todo hablar de vivienda, una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos. El Gabinete de Sánchez estará representado por él, las tres vicepresidentas y hasta nueve ministros.

Para el PP, por el contrario, el Gobierno solo quiere “un paripé de propaganda” sin voluntad real de llegar a acuerdos. Lo cierto es que hasta el último minuto, dos presidentes del PP de distintas tendencias plantearon novedades que dejan dudas sobre el éxito final de la cita. Varios presidentes enviaron en el último momento una detallada documentación sobre los temas que quieren incluir, y el Ejecutivo ha aceptado que todos estos textos se lleven este viernes a la reunión para evitar problemas, aunque cada vez parece más inabarcable tratarlos todos en una cita en la que cada uno interviene 10 minutos.

Más tarde, el andaluz Juan Manuel Moreno reclamó, también este jueves, víspera de la cita, que se organice una votación para ver qué acuerdos salen adelante, algo inédito, porque siempre que ha habido acuerdos —en la última en Santander, ya enrarecida, no se cerró ninguno— se han hecho por consenso. De hecho, así está pensado el órgano, que no es legislativo, solo de discusión. El reglamento deja claro que los acuerdos “se adoptarán por consenso” y las recomendaciones “por el presidente del Gobierno y dos tercios de los presidentes presentes”. Por tanto, explican en el Ejecutivo, no cabe votación alguna: si el presidente ve que no hay consenso en un tema, no se someterá a aprobación porque siempre necesitaría su apoyo. El reglamento, que ahora critica el PP, fue aprobado por unanimidad en 2022, en una cita en La Palma en la que estaba Alberto Núñez Feijóo como presidente de Galicia y la mayoría de los actuales barones autonómicos del PP, recuerdan en el Ejecutivo.

Y, por último, hay una polémica muy fuerte, con amenaza de plantón por parte de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, porque será la primera Conferencia de Presidentes en la que habrá una traducción simultánea para el uso de las lenguas cooficiales a petición del president, Salvador Illa, y del lehendakari, Imanol Pradales. Hay que ver qué hará el gallego Rueda, que en su comunidad usa el gallego con naturalidad. Desde el Gobierno insisten en que este es un órgano autonómico y hay varias comunidades con lengua cooficial, y no tiene sentido que se pueda hablar en el Congreso o en el Senado y no en la Conferencia de Presidentes. Pero Ayuso sube el pulso. “Pienso decirle a todos ellos, al presidente y a sus ministros [...], que lo que están pretendiendo es una absoluta golfada”, aseveró la presidenta en la Asamblea de Madrid, este jueves. “Que todo lo que me tengan decir en los pasillos en español o me lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré. O por el camino ya veré lo que haré con esos pinganillos. Ya le digo, no me lo pienso poner”, añadió, informa Manuel Viejo. Luego, por carta a Sánchez, Ayuso ha rechazado tajante el plan de los 7.000 millones para vivienda que el presidente del Gobierno presentará mañana, por considerar la propuesta “improvisada” y “una injerencia inaceptable” en las potestades de las comunidades autónomas, informa José M. Abad Liñán. Con todos estos ingredientes, la cumbre autonómica se prevé de alto voltaje. “No me puedo creer que se vaya a levantar por eso, sería una falta de respeto a lenguas que están en la Constitución, no puede hacer”, señala un ministro. Pero lo cierto es que la amenaza está ahí.

Desde el anuncio de la cita por parte del Gobierno, en los territorios populares se instaló la estrategia de confrontación total frente al intento de Pedro Sánchez de “aparentar institucionalidad” con la promoción de la cumbre. Así, las pasadas semanas han estado salpicadas de varias reuniones ad hoc en las que estaban citados los 13 consejeros de Presidencia de las 11 comunidades y las dos ciudades autónomas donde el PP gobierna. Unos encuentros presenciales y telemáticos celebrados con la aquiescencia de Génova en busca de una hoja de ruta que obligara al Gobierno a incorporar su orden del día —como finalmente así fue—, bajo amenaza de los barones de no secundar la Conferencia de Presidentes si no se aceptaban sus pretensiones. Los dirigentes populares se sentarán en el cónclave, pero con la tensión en máximos.

Porque, pese al primer logro del PP en la carrera a la Conferencia al imponer su agenda, la temperatura de este viernes en el Palacio de Pedralbes de Barcelona romperá el termómetro. “Sánchez nos quiere vacilar”, resume un barón popular a pocas horas de la cita a la que los presidentes acuden tras días de durísimas acusaciones contra el jefe del Ejecutivo por los supuestos casos de corrupción que rodean al PSOE. Más aún después de la esperpéntica comparecencia de la excargo socialista Leire Díez y la irrupción del presunto conseguidor Víctor de Aldama de este miércoles. “Yo creo que la finalidad de esta Conferencia de Presidentes no es cooperar entre gobiernos autonómicos ni alcanzar acuerdos en beneficios de los ciudadanos”, señaló este jueves la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, sino de “instrumento al servicio de la propaganda del presidente”. El president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, auguró por su parte que Sánchez va a “hacer el paripé” a una cumbre de la que saldrán “con la nada” en las manos. “Por primera vez en 12 años han venido a quitarnos la liquidez extraordinaria que siempre nos daban, en el año más difícil de nuestra historia”, agregó. Los territorios populares se quejan además del “formato” de la sesión: sostienen que no permite el debate por no haber turno de réplica, sino intervenciones individuales por 10 minutos. Un uso del tiempo que viene de atrás.

En cualquier caso, y aun con las innumerables críticas sobre la mesa, el PP pretende transmitir la imagen de que llega a la Conferencia con los deberes hechos y a favor del consenso, siempre que ese consenso implique, claro, sellar pactos dentro de sus líneas ideológicas. El último movimiento fue el de contraatacar a las propuestas adelantadas este miércoles por Sánchez en materia de vivienda con un documento de 15 folios remitido desde los territorios a La Moncloa, y en el que los barones populares agrupan sus exigencias, bautizadas como propuestas “de acuerdos”, que hoy plantearán de viva voz al jefe del Ejecutivo. Entre las medidas solicitadas se encuentran la reforma del sistema de financiación autonómica, rebajar al 4% el IVA en la compra de vivienda, apostar “por las renovables junto a la energía nuclear” o solicitar al Gobierno que financie al 50% la escuela de cero a tres años. Muchas de las peticiones han sido reiteradas en los cónclaves que Alberto Núñez Feijóo mantiene con cierta frecuencia con los barones como escenificación de su poder territorial. También demandan derogar normas o proyectos de ley en tramitación que el Consejo de Ministros impulsa amparado en su potestad legislativa.