El pueblo mapuche como ejemplo de lucha de protección de las costas marinas

Una de las particularidades más asombrosas acerca del océano es que la existencia de cada uno de los seres que habitamos este planeta depende de él. Incluso quienes vivimos tierra adentro estamos conectados con el océano y, por ende, su salud repercute en nuestras vidas. Y aunque en este momento se vea amenazado, hay acciones que se pueden tomar para protegerlo.

Actualmente, la triple crisis planetaria, que incluye el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación tóxica, son un riesgo para el océano. Es también un tema urgente de derechos humanos, ya que el océano es un gran bioma que regula el clima planetario, brinda balance a los ecosistemas y nos interconecta a todas y todos al ser fuente de vida y alimento. Además, es esencial para la economía, transporte y también las tradiciones. Por eso, cuando hablamos del océano, hablamos de derechos humanos.

Actividades como la extracción y uso de petróleo, gas y carbón, así como la creciente contaminación por plástico, pesticidas y otras sustancias tóxicas, causan un enorme impacto negativo en el océano. Esto se extiende a las personas, especialmente a las poblaciones vulnerables, como pueblos indígenas y comunidades costeras que dependen directamente de él. Sin embargo, dichas comunidades también implementan múltiples acciones que están contribuyendo a proteger el océano y que son fuente de esperanza y aprendizaje para su protección.

Un ejemplo es el pueblo mapuche lafkenche de Chile y sus acciones para proteger su maritorio, como le dicen a su territorio en las costas marinas. La expansión industrial de la producción de salmón, que ha afectado a la biodiversidad local.

La falta de coordinación y la fragmentación, marcada por múltiples niveles de intervención, impide que se cumplan y da lugar a una gobernanza ineficaz del océano, agravada por la escasa ambición política, la corrupción y la falta de transparencia.

Como respuesta, estas comunidades propusieron al Gobierno reconocer la presencia ancestral y las prácticas tradicionales de los pueblos costeros indígenas en la legislación. A través de lo que ahora se conoce como Ley Lafkenche, estos pueblos lograron obtener derechos para gestionar y usar las zonas marinas costeras para actividades como la pesca, pero también para ceremonias religiosas y tradicionales, reconociendo y protegiendo así sus vínculos culturales y económicos con el mar.

El reconocimiento de derechos a las comunidades costeras es esencial, pues alrededor de 500 millones de personas dependen de la pesca a pequeña escala y, así como el pueblo mapuche lafkenche, muchas de ellas son pueblos indígenas y comunidades costeras cuyos conocimientos, experiencia y tradiciones sirven para proteger la vida del océano. Sin embargo, en muy pocas ocasiones son incluidas en los procesos de toma de decisiones, a pesar de ser claves para encontrar soluciones.

Las actividades que afectan al océano afectan a los derechos a la vida, la alimentación, la vivienda, el trabajo, la cultura y, por supuesto, al derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible. A pesar de que es urgente reducir el consumo de combustibles fósiles, se prevé un aumento del 55 % de la producción mundial de gas en alta mar de aquí a 2050, sobre todo en África y América Latina.

A esto se suma otro factor que agrava la situación: una gobernanza oceánica débil y fragmentada. Hay más de 600 acuerdos regionales e internacionales que abordan la compleja interdependencia de los derechos humanos, las actividades económicas y los ecosistemas marinos. A pesar de ellos, la falta de coordinación y la fragmentación, marcada por múltiples niveles de intervención, impide que se cumplan y da lugar a una gobernanza ineficaz del océano, agravada por la escasa ambición política, la corrupción y la falta de transparencia.

Este panorama evidencia la urgencia de avanzar la efectividad de las acciones para proteger el océano. Cada vez hay más trabajo de redes globales, formadas por la sociedad civil, pueblos costeros y la comunidad científica, que alzan la voz y piden que el océano sea entendido y atendido como uno solo cuando se habla de protegerlo.

De ahí, que la Tercera Conferencia del Océano de Naciones Unidas que se celebra en estos días en Niza, en Francia, ofrece una oportunidad para reconocer la importancia de llegar a acuerdos que tengan en el centro los derechos humanos y una perspectiva de ecosistemas.

Hay gran expectativa respecto a la declaración voluntaria que Estados, actores privados y sociedad civil firmen para la conservación y uso sostenible del océano. Este Plan de Acción debe tener en cuenta las interrelaciones del océano con la vida y la subsistencia de las personas y, también, reconocer la importancia del conocimiento y trabajo de las comunidades costeras y pueblos indígenas. Dicha declaración y el Plan de Acción deben reconocer y responder la situación real y urgente a la que el océano se enfrenta, para contribuir realmente a detener las actividades que causan su destrucción y avanzar en acciones que promuevan su protección.

Proteger el océano es proteger nuestro derecho al ambiente limpio, sano y sostenible, pero también proteger todos los derechos relacionados y, sobre todo, proteger la humanidad y los ciclos de vida que dependen de él. A fin de cuentas, en el océano se originó la vida de nuestro planeta.