Las inversiones sociales que necesita Europa

El debate sobre las reformas que requiere la economía europea se ha reorientado rápidamente hacia los objetivos de seguridad. La Unión Europea se enfrenta a múltiples desafíos derivados de un entorno global cambiante, en el que a la crisis climática, la transición energética y la transformación digital se han añadido nuevos conflictos geopolíticos. La seguridad militar ha adquirido un protagonismo creciente en las prioridades estratégicas de la Unión, lo que ha llevado a un aumento de los presupuestos de Defensa y a la consiguiente necesidad de ajustar su financiación.

Los nuevos factores de riesgo no solo afectan a la estabilidad de los mercados y al potencial de crecimiento económico, sino también a la sostenibilidad de los sistemas de impuestos y prestaciones. Se necesitan diseños fiscales adecuados para financiar las iniciativas de seguridad sin comprometer otros servicios esenciales. Al mismo tiempo, los sistemas de protección social deben reformularse para afrontar las complejidades de los retos en curso.

El fortalecimiento de una red más sólida de prestaciones monetarias en los países de la Unión debería ser un paso importante para aumentar la resiliencia de los Estados. Sin embargo, no será suficiente para hacer frente a algunos de los desafíos derivados de las restricciones geopolíticas y de la doble transición. Mejorar la protección exige el desarrollo de inversiones sociales promovidas por la Comisión Europea como una estrategia clave para reforzar la adaptación de los hogares y los sectores más afectados por los cambios estructurales.

Estas inversiones no solo protegen contra los distintos riesgos de forma ex post, sino que también mejoran las oportunidades y capacidades de las personas para afrontar las exigencias de cambio que plantean las transiciones citadas. Pueden favorecer la competitividad y el crecimiento económico además de perseguir objetivos sociales.

Algunas de las inversiones más importantes son la educación y atención a la primera infancia, la formación profesional a lo largo de la vida, las políticas activas de empleo, las medidas de conciliación entre vida laboral y familiar, y los cuidados de larga duración. Algunos estudios han confirmado su capacidad de generar retornos económicos significativos a través de tres canales principales: oferta de trabajo, productividad e inversión en capital físico.

Pese a esas ventajas, centrar las estrategias de seguridad económica en las inversiones sociales es una opción sujeta a ciertas limitaciones. En primer lugar, la inversión social aún carece de una definición consensuada y operativa. Las que hay suelen ser demasiado generales, lo que dificulta traducir el concepto en asignaciones presupuestarias o evaluaciones específicas.

En segundo lugar, el énfasis excesivo en la productividad puede ir en contra de un modelo de protección social inclusivo. La tendencia a justificar las políticas sociales únicamente por su impacto económico puede diluir su dimensión ética y debilitar su conexión con los derechos fundamentales. Si las políticas sociales se orientan principalmente a fomentar la productividad, existe el riesgo de que los segmentos de la población que no pueden integrarse fácilmente en el mercado laboral se vuelvan más vulnerables. Además, estas inversiones no abordan suficientemente problemas estructurales como la precariedad laboral, la creciente concentración de la riqueza o la falta de regulación de ciertos aspectos del mercado laboral.

Otro riesgo es perder de vista la conexión que estas políticas pueden tener con los instrumentos tradicionales del sistema de impuestos y prestaciones. Los cambios en los estados de bienestar desaconsejan trazar distinciones excesivamente rígidas entre políticas supuestamente ex post, las tradicionales, y ex ante, las inversiones sociales. Debería tenderse hacia sistemas híbridos que combinen el aseguramiento monetario frente a los riesgos tradicionales con la promoción de las capacidades de las personas para afrontar los nuevos riesgos sociales. Sin redes extensas de seguridad de ingresos, será difícil que otras inversiones reactiven el ascensor social.

Las inversiones sociales se enfrentan también a distintos problemas relacionados con su implementación. La Comisión Europea promueve la inversión social mientras exige simultáneamente medidas de control del déficit a los Estados. Eso lleva a que el enfoque de inversión social corra el riesgo de depender excesivamente de ciclos económicos expansivos. En épocas de desaceleración, los gobiernos podrían recortar estos programas al considerarlos menos urgentes que las medidas de estabilidad fiscal, socavando así su eficacia, tal como sucedió en la Gran Recesión. Se necesitan alternativas realistas para que los contextos recesivos no rompan la continuidad de estas políticas.

Por otra parte, el enfoque de inversión social parte del supuesto de que todos los países de la UE tienen una capacidad similar para financiar y desarrollar políticas que potencien el capital humano y la empleabilidad. Sin embargo, los Estados presentan estructuras económicas y fiscales muy diferentes y los países con menos recursos pueden tener dificultades para implementar estas políticas sin comprometer otros gastos esenciales. Esto podría ampliar más las disparidades dentro de la UE.

Por último, será difícil convencer a los responsables políticos de que la política social debe considerarse una inversión y no solo un gasto. Se necesita más evidencia sobre sus retornos para asegurar que el presupuesto destinado no se trate meramente como un coste. Habría que desarrollar también sistemas de evaluación que permitan a los responsables políticos identificar con mayor precisión cuáles son las inversiones sociales con mejores resultados.

En resumen, aunque las inversiones sociales presentan ventajas evidentes, su implementación en la UE no está exenta de complejidad. Para que sean eficaces deben ir acompañadas de un marco fiscal adecuado, un enfoque equilibrado entre eficiencia y derechos y una estrategia para reducir las desigualdades estructurales entre países y grupos sociales. Un avance sería definir un conjunto de acciones selectivas y de largo plazo reconocidas como inversiones por la UE, para las que se permitiera recurrir al endeudamiento en condiciones menos restrictivas que las actuales, al menos durante su fase inicial. De lo contrario, Europa corre el riesgo de avanzar hacia un modelo de seguridad desequilibrado, que puede dejar atrás tanto a los países con menor capacidad fiscal como a los colectivos más vulnerables.