Pablo Bustinduy, el ministro que conquista espacios

En un país donde la trifulca partidista copa la agenda informativa, tan solo en el último mes, Pablo Bustinduy (Madrid, 42 años) ha acaparado media docena de titulares por su gestión al frente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Son asuntos diversos, algunos de gran calado político, que abarcan desde su guerra contra los pisos turísticos ilegales, hasta la propuesta para bloquear por ley las llamadas spam o supuestos abusos de plataformas como Ticketmaster. Pocas horas después de que la gestora de entradas se quedara colgada mientras cientos de miles de seguidores del cantante Bad Bunny trataban de conseguir un pase para sus conciertos en España, Consumo anunciaba una investigación para evitar cobros de recargos ilícitos. Unos días más tarde ordenaba retirar 65.000 anuncios ilegales de Airbnb.

En una legislatura muy complicada, sin Presupuestos ni mayorías claras para sacar adelante iniciativas en el Congreso y con un debate público muy marcado por la corrupción, Bustinduy, el más joven del Ejecutivo, ha ido escalando posiciones hasta convertirse en el segundo ministro mejor valorado. Con una nota media de 4,88, según el CIS de abril ―el último que evaluó al Gabinete―, solo le supera el titular de Economía, Carlos Cuerpo (5,10), y queda muy por encima de la líder de Sumar, Yolanda Díaz (4,16).

Pero su figura lleva tiempo expuesta, en ocasiones de manera involuntaria. El pasado noviembre, Consumo impuso una sanción de 179 millones de euros a cinco aerolíneas por prácticas abusivas y la multa provocó la ira del consejero delegado del grupo Ryanair, Michael O’Leary. El CEO de la compañía se refirió a él como “loco comunista” y llegó a disfrazarlo de payaso. Bustinduy, poco aficionado a polemizar en público, contestó que “ninguna campaña de presiones ni ningún insulto” le iban a “amedrentar”. Tiempo antes ya había sido noticia por su posición sobre la guerra en Gaza. Desde su Ministerio, envió cartas a distintas empresas españolas en Israel para pedirles que tomaran medidas para no contribuir al “genocidio”. Aquel episodio molestó sobremanera tanto a Exteriores como a Economía, que se desmarcaron de la acción, y la Embajada de Israel en Madrid mostró su rechazo en un comunicado.

A pesar de la posición modesta del departamento (Consumo es solo una Secretaría General dentro del ministerio), el equipo de Bustinduy se las ingenia para tratar de incidir sobre asuntos que afectan al día a día de los ciudadanos, con temas tan dispares como la vivienda, los precios “dinámicos” de las VTC, la comida saludable o el cobro por el equipaje de mano. Fuentes del Ministerio conceden que su trabajo bebe en buena medida de la herencia dejada por Alberto Garzón, que aprobó la legislatura pasada el reglamento sancionador que permite ahora llevar a cabo muchas de estas iniciativas.

“Las ideas se miden en sus efectos”, reza la descripción del perfil de Bustinduy en redes sociales como Bluesky o X, donde dejó de publicar en enero, igual que el resto de dirigentes de Sumar, tras la deriva impuesta por su propietario, Elon Musk. “De poco sirve un discurso hilado capaz de levantar los aplausos de la izquierda si eso no mejora la vida de la gente. No es el momento político de generar falsas expectativas”, explica uno de sus colaboradores más cercanos, que lo describe como una persona “tenaz y metódica”.

Hijo de la ministra socialista Ángeles Amador, que ocupó la cartera de Sanidad entre 1993 y 1996, Bustinduy se licenció en Ciencias Políticas y de la istración en la Universidad Complutense de Madrid y más tarde amplió su formación en Francia, donde cursó un máster en Historia y Pensamiento Político en el Instituto de Estudios Políticos de París, y en EE UU. Estuvo en el equipo de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, fue después diputado de Podemos, se ocupó de la Secretaría Internacional del partido y aunque lo eligieron cabeza de lista a las europeas de 2019, decidió dejar la formación y finalmente no concurrió. Yolanda Díaz lo recuperó para la campaña de las generales y a pesar de haber sido nombrado ministro, ha rehuido siempre ocupar cualquier responsabilidad orgánica.

de la actual dirección de Movimiento Sumar, el partido creado por la vicepresidenta segunda, comentan que hubiera sido el relevo perfecto para Díaz cuando decidió dejar hace un año la coordinación, pero nunca fue una opción real. “El objetivo no es ni ser el chico de moda, ni verse como sustituto de nadie. Tenemos cuatro años para hacer un trabajo que sirva al que venga después”, zanjan en su equipo, que niegan cualquier posibilidad de un liderazgo futuro. En un momento de debilidad del espacio de la izquierda alternativa, dividida en dos listas, sin un candidato claro y tras los escándalos por supuestos delitos sexuales de Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero (cuya causa por un presunto delito de agresión sexual ha sido archivada este miércoles), Bustinduy representa, además, un perfil poco conocido: solo uno de cada cuatro españoles (24,7%) sabe quién es, según el CIS, muy lejos del 51% que identifica a Mónica García o el 96% de Díaz.

Comida saludable en hospitales y residencias

El compromiso del ministro es con su departamento, insisten en su entorno. Además del anuncio de aprobar “cuanto antes” un decreto para regular las comidas en hospitales y residencias de mayores similar al que prohibió en abril las bebidas azucaradas en los comedores escolares, el ministerio tiene pendiente sacar adelante en el Congreso la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que se quedó a las puertas del BOE antes de las generales de 2023. En su tramitación, se han incluido enmiendas para vetar la renovación automática de las suscripciones en internet o bloquear las llamadas telefónicas spam. Bustinduy también ha hecho suya la batalla para conseguir que al menos cuatro de las ocho semanas de los permisos por conciliación sean remuneradas (actualmente ninguna lo está y Bruselas ya ha multado a España por incumplir la directiva europea en esta materia). Otro de los objetivos es la ampliación del permiso por nacimiento hasta las 20 semanas, uno de los acuerdos incluidos en el pacto de coalición.